Jorge Enrique Esguerra

Arquitecto, Magíster en historia y teoría de la arquitectura, Universidad Nacional de Colombia. Profesor durante 28 años en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia.

El pasado 17 de agosto el candidato a la alcaldía de Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso, Jorge Enrique Robledo, anunció en rueda de prensa su decisión de llegar en un proceso a pasaje cero en todo el transporte colectivo en caso de ser elegido en las elecciones que se avecinan.

Explicó cómo esa decisión es fruto de un análisis riguroso de un equipo especializado basado en dos principios básicos: uno, que las condiciones sociales para el acceso al derecho al transporte colectivo digno son muy restrictivas y, dos, que para lograrlo se requiere de la financiación del Estado, tal como se está haciendo en muchas ciudades del mundo.
La propuesta del pasaje cero está dentro de los diagnósticos de orden social que es lo que ha caracterizado al exsenador Robledo, y por eso parte de analizar la situación de pobreza de millones de bogotanos que tienen que invertir hasta el 30% de sus ingresos para pagar el congestionado, inseguro y costoso servicio de TransMilenio, y que muchos de quienes cumplen con ese pago tienen que dejar de comer dos o tres comidas diarias.
Claro que quienes prefieren comer tienen que optar por caminar a diario grandes distancias —el 24% de los viajes, de los cuales la mayoría son de mujeres—, ir en bicicleta o por colarse en el sistema, 300.000 infractores que están sometidos a los inevitables riesgos por su actitud evasiva y a graves accidentes.

Es, sin duda, un problema que no se puede reducir a ser tratado como delincuencial, porque indudablemente es de orden social. Y las clases medias resuelven bajarse de los buses para comprar una moto o un automóvil, elección que incrementa la congestión vial y la contaminación ambiental.

Por eso, subir más los pasajes del sistema para evitar los subsidios del Distrito, estaría en la dirección de agudizar aún más las contradicciones sociales y nutrir el caldo de cultivo que favorece la inseguridad.

Ese postulado que acabará eliminando las restricciones al derecho al transporte colectivo está pensado dentro de la visión que tiene el candidato Robledo para aproximarse a una solución integral y efectiva a la calidad de vida de los bogotanos.

El deficiente y costoso servicio de transporte colectivo impacta toda la movilidad de la ciudad, porque, además de compartir las vías del tráfico mixto en superficie, ha hecho aumentar el parque automotor individual, convirtiendo a Bogotá en la ciudad más congestionada del mundo.

Y es una ciudad de once millones de habitantes en su área conurbada, una de las tres con esa población que en el mundo no tiene metro, por lo que el candidato se compromete a continuar con lo que esté contratado y a comenzar a dar soluciones a corto, mediano y largo plazo, superando esa visión inmediatista y parcializada basada en ocurrencias sacadas de la manga.

Por tanto, el pasaje cero propuesto por el aspirante Robledo va en la dirección de satisfacer ese derecho que nunca ha existido, en un país en el que la Constitución de 1991 consagró en el papel todos los derechos.

Pero en la práctica ese cometido tropezó con el enfoque neoliberal que operó en su trasfondo para dirigirse contradictoriamente en la dirección de violarlos todos, porque al privilegiar la rentabilidad de la ganancia de quienes prestan los servicios que los deben garantizar, ha profundizado las calamidades sociales en todos los órdenes, convirtiendo al país y a su capital en un mundo con derechos restringidos, principalmente el de la movilidad digna.

El postulado de pasaje cero del candidato Robledo apunta, por tanto, al otro principio que lo sustenta, el que debe ser el Estado el que financie ese derecho. Hay que decir que ya las arcas del Distrito lo hacen en casi tres billones de pesos —subsidio del 55% en gran parte a los operadores de buses y no al usuario—, y que el resto deberá salir, en parte, de la comercialización del sistema —buses y estaciones— y de aportes ciudadanos.

Pero con justeza la Nación, que recibe de Bogotá el 25% del producto interno nacional, debe poder contribuir con el 0,5% a completar esos subsidios del transporte colectivo. Por otra parte, Robledo fortalecerá el servicio de carácter público llamado La Rolita de TransMilenio, que ha demostrado ser más eficiente que el de los operadores privados, al suprimir las enormes ganancias, hecho que logra la reducción de los costos de operación.

Por eso su propuesta, entre otras soluciones de carácter social, es ir suprimiendo el costo del pasaje hasta que en 2027 —el último año de su mandato— llegue a cero en todo el sistema de transporte.

Con eso no solo resolverá el acceso al derecho de la movilidad y otros derechos, sino que la medida impactará en la reanimación de la economía de Bogotá al favorecer el consumo de múltiples renglones de la oferta de bienes y servicios y a fortalecer el empeño por generar emprendimientos productivos.

Si ciudades del mundo desarrollado están ya implantando el pasaje cero, donde no existen tantas restricciones al acceso a la movilidad, precisamente porque reconocen ese derecho, en ciudades como Bogotá, con tantas limitaciones, es más urgente implementarlo, dejando atrás la concepción de que como somos un país “en desarrollo” —léase subdesarrollado— no podemos acceder a los derechos fundamentales que están consignados en la Constitución.

Noticia tomada de: https://mascolombia.com/robledo-propone-pasaje-cero-en-bogota-por-el-derecho-a-la-movilidad-digna/