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LAS RAZONES DEL PARO NACIONAL AGROPECUARIO

Jorge Enrique Robledo Castillo Contra la Corriente Manizales, 28 de Julio de 2001. Cuando el Fondo Monetario Internacional decidió imponerle a Colombia y al mundo la globalización neoliberal, advertimos que el agro del país iba a ser avasallado por las importaciones de productos subsidiados. Con respecto al café dijimos que, sin el pacto de precios […]

Hace 1 mes

Jorge Enrique Robledo Castillo

Contra la Corriente

Manizales, 28 de Julio de 2001.

Cuando el Fondo Monetario Internacional decidió imponerle a Colombia y al mundo la globalización neoliberal, advertimos que el agro del país iba a ser avasallado por las importaciones de productos subsidiados. Con respecto al café dijimos que, sin el pacto de precios que lo protegía, sus productores terminarían de siervos de las transnacionales. Y más si se eliminaban, como en efecto ocurrió, medidas e instituciones que en algo protegían a agricultores y ganaderos colombianos.

 

Las importaciones agropecuarias subieron a siete millones de toneladas, por lo que desaparecieron 800 mil hectáreas de cultivos transitorios; y por la acción de las transnacionales y los estímulos del Banco Mundial a las siembras de cafetales en Asia, los precios reales externos del café ha sido los más bajos desde 1823. El mensaje de los gringos a los cafeteros colombianos es claro: “si quieren seguir como productores, deberán aprender a aguantar el hambre que aguantan los paupérrimos jornaleros y campesinos vietnamitas”. Además, las decisiones oficiales quebraron a varias de las principales empresas creadas con la plata de los cafeteros, aunque parezca mentira, cuando la crisis ya se sentía se les impuso un impuesto discriminatorio de unos cien mil millones de pesos anuales y la revaluación del peso le provocó pérdidas por cuatro mil millones de dólares al Fondo Nacional del Café.

 

Pero no obstante los hechos, la administración Pastrana, en el Plan Colombia, se comprometió a mantener las importaciones agropecuarias y a especializar el país en café y en los demás cultivos tropicales cuyos precios manipulan las transnacionales. Y para dejar claro que ese acuerdo va en serio, también decidió vincular el país al ALCA, el cual, según Robert Zoellick, Representante de Comercio norteamericano, “abrirá —todavía más, al 100 por ciento, decimos aquí— los mercados de América Latina y del Caribe a las empresas y agricultores de los Estados Unidos, al eliminar las barreras al comercio”. Con ese convenio, además, deberemos terminar inundados de café brasileño, camino que ya ha sido abierto con importaciones de grano del Ecuador.

 

Las consecuencias sociales del neoliberalismo en el campo están a la vista: desempleo que supera el muy alto promedio nacional, el 80 por ciento de sus habitantes en la miseria, avance de todas las formas de descomposición social, grandes pérdidas para los productores y decenas de miles de procesos judiciales, embargos y remates contra sus fincas y parcelas.

 

Ante la descomunal gravedad de lo que ocurre, y ante la sistemática negativa oficial a tomar los correctivos del caso así se haga demagogia sobre su “voluntad de diálogo”, la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria —que congrega cafeteros, arroceros, paneleros y a los demás productores— no tuvo alternativa distinta a realizar este gran esfuerzo que apunta a conseguir un profundo viraje en la orientación neoliberal que destruye al campo y a Colombia. Sus peticiones no son en nada exageradas, y ni siquiera son originales: lo que aspira conseguir para los colombianos son las mismas garantías de que goza el campo en los países desarrollados, es decir, que cesen las facilidades a las importaciones de productos del agro que pueden producirse en el país, que el Estado asegure precios de sustentación que hagan del trabajo agrario una actividad rentable, que exista crédito suficiente, oportuno y barato, que se ponga control a los aumentos de los costos de producción y que el gobierno financie adecuadamente la investigación científica, la asistencia técnica y los distritos de riego. Plantea que se cumpla la Ley 40 de 1990, la cual prohibe que se haga panela falsa a partir de derretir azúcar y su producción a escala industrial. Pide que se atiendan los reclamos democráticos de las comunidades indígenas. Como medida excepcional, y por haberse tornado en impagables, reclama que se condonen las deudas bancarias del sector. Y se opone a que se vincule el país al ALCA, al tiempo que le exige al gobierno de Andrés Pastrana que le reclame al de Estados Unidos por la agresión económica que le está haciendo a los cafeteros colombianos.