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AGRO, NARCOTRÁFICO Y TLC

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Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 21 de marzo de 2007.

Es indudable el fracaso del objetivo público del Plan Colombia (1999), pues este apunta a reducir la producción de coca y amapola en un 50 por ciento, disminución calculada para incrementar los precios de la cocaína y la heroína en las calles de Estados Unidos, de manera que se haga más difícil su acceso a los estadounidenses. ¿La razón? Ningún estudio dice que los precios sí han subido y, como se sabe, ello no ha ocurrido porque los llamados “cultivo ilícitos” se mantienen en cantidades suficientes para abastecer la demanda y no se han roto las redes del narcotráfico. Productores agrarios, narcotraficantes y consumidores son el trípode en el que se para el negocio. Ante la contundencia de esta realidad, reviste menos importancia si el área en coca se sostiene en 80 mil o en 144 mil hectáreas, según las cifras sean del Simci-OEA o del Departamento de Estado norteamericano.

 

La decisión de la Casa Blanca de concentrar el ataque en la parte agrícola del negocio y, al mismo tiempo, imponerle a Colombia un Tratado de Libre Comercio (TLC) que le arrebatará una parte considerable de sus posibilidades de producir en el campo genera una contradicción insoluble con el Plan Colombia. Porque si a los productores agrarios se les quita o se les reduce a poco la posibilidad de cultivar bienes agrícolas lícitos, pues se los empuja hacia los ilícitos. Y más cuando el propio Plan Colombia reconoce que la disminución de la protección al agro frente a las importaciones –decidida en 1990, cuando empezó el “libre comercio” en el país– le causó graves daños al sector: “En los últimos diez años, Colombia ha abierto su economía, tradicionalmente cerrada… el sector agropecuario ha sufrido graves impactos ya que la producción de algunos cereales tales como el trigo, el maíz, la cebada, y otros productos básicos como soya, algodón y sorgo han resultado poco competitivos en los mercados internacionales”. Y agrega que “como resultado de ello se han perdido 700 mil hectáreas de producción agrícola frente al aumento de importaciones durante los años 90, y esto a su vez ha sido un golpe dramático al empleo en las áreas rurales”.

 

El TLC hará irreversibles las pérdidas agrarias mencionadas en el Plan Colombia, las cuales hoy podrían revertirse si se quisiera, y les provocará nuevos daños a los empresarios, campesinos, indígenas y jornaleros, pérdidas que de ninguna manera se podrán compensar con la propuesta del Plan Colombia y del Tratado de especializar el país en cultivos del trópico, como bien lo muestra que luego de tres lustros las pérdidas del “libre comercio” se han estabilizado o tienden a crecer, en tanto los nuevos bienes tropicales de exportación no han aparecido ni aparecerán con el TLC, en razón de dos grandes realidades: el mercado estadounidense de este tipo de productos se encuentra copado por otros países y Estados Unidos mantuvo las barreras sanitarias y fitosanitarias que protegen a sus productores. Y a esto agréguesele que las políticas de la época concentran entre los mayores productores colombianos el escaso respaldo del Estado al sector agropecuario.

 

Si el TLC se impone, la coca y la amapola serán aún más la única opción económicamente viable para muchos buenos campesinos, indígenas y jornaleros, a quienes los ponen a escoger entre abandonar la cultura de trabajadores rurales en la que se realizan, así sea trabajando en medio de las dificultades y la ilegalidad, o desplazarse hacia la ciudades, en cuyos cinturones de miseria se convierten en una especie de parias. Y la experiencia universal demuestra que los miembros de dichas culturas rurales, por razones que pueden comprenderse, se aferran a la tierra aun en países como Colombia, donde el Estado, por cumplir las orientaciones de Washington, solo aparece el día en que los fumiga como cucarachas. Si el caso de los consumidores de drogas es por sobre todo un problema social, el de los cultivadores de coca y amapola, ni se diga, verdad que exige atenderlos como diferentes a los narcotraficantes y con medidas por fuera de la lógica policiva.

 

Quien medite sobre lo dicho y el conjunto del TLC, mejorará su comprensión acerca de por qué George W. Bush tuvo que recorrer casi a las escondidas el continente. Ello no le ocurrió porque se le considere el representante del pueblo de Estados Unidos, sino porque se lo padece como el vocero de los sectores más retardatarios de ese país.