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SAL EN LA HERIDA

Jorge Enrique Robledo Castillo Contra la Corriente Manizales, 15 de junio de 1997. Cálculos recientes del ministerio de agricultura continúan evidenciando la pavorosa crisis del sector agropecuario: los cultivos transitorios decrecerán en otras 28 mil hectáreas en este año, con lo que llegarán a 700 mil las hectáreas perdidas desde que empezó la apertura. Según […]

Hace 6 meses

Jorge Enrique Robledo Castillo

Contra la Corriente

Manizales, 15 de junio de 1997.

Cálculos recientes del ministerio de agricultura continúan evidenciando la pavorosa crisis del sector agropecuario: los cultivos transitorios decrecerán en otras 28 mil hectáreas en este año, con lo que llegarán a 700 mil las hectáreas perdidas desde que empezó la apertura. Según cifras de la SAC, las importaciones agropecuarias pasaron de cinco millones de toneladas el año pasado, con lo que continúa la política contraria al interés nacional de facilitarle a los productores extranjeros el mercado que debiera respaldar los esfuerzos de los colombianos. Y para nadie es un secreto que los mejores precios internos del café -que tanto le duelen al Fondo Monetario Internacional y que tanto están cayendo- en buena medida se explican porque la cosecha, según afirman los optimistas, apenas llegará a diez millones de sacos en 1997, cifra desastrosa si se compara con la de casi 18 millones de sacos entre 1991 y 1992.

 

Desafortunadamente, quienes en su momento fuimos descalificados porque advertimos que el neoliberalismo hundiría, entre otros sectores, al agro nacional, terminamos teniendo la razón, así los descalficadores continúen piloteando una nave que cae en picada, mientras intentan explicar lo que ocurre con los galimatías neoliberales que hacen caso omiso de las evidencias.

 

La anterior es la dolorosa herida, que puede volverse mortal, que sufren agricultores, ganaderos y demás productores y, con ellos, toda la nación. La sal que aumenta el viacrucis tiene que ver con otros efectos de la apertura y la privatización, tales como la disminución de la capacidad de compra nacional que genera el desempleo y los menores sueldos y salarios o con la decisión de aumentar los costos de producción, a través de la llamada estratificación de los predios rurales que el gobierno, luego del aplazamiento conseguido el año pasado por tantos y tan justos reclamos, se ha empeñado nuevamente en imponer.

 

Uno de los más negativos efectos de la privatización es el alza en las tarifas de la energía, las basuras, el acueducto y el alcantarillado, con la consabida transformación de los servicios en negocios y de los usuarios en clientes. Y para ello, además de incrementarlas de frente, se viene apelando al subterfugio de modificar la clasificación de los predios con unos criterios tan notoriamente alcabaleros como irracional es la idea de deducir la capacidad de pago de la gente según sea que las casas de las fincas tengan baño, se levanten en bahareque o “en material”, posean puertas metálicas, estén pintadas, etc. Tan absurdo es el sistema de clasificación impuesto por Planeación Nacional a los municipios, que casi el 40 por ciento de las construcciones rurales dispersas del municipio de Manizales quedarán en estrato seis, el mismo nivel en el que se supone se localizan las viviendas de los cuatro o cinco mayores magnates del país. ¡Bonita manera de convertir en opulentos propietarios a los arruinados campesinos y empresarios del agro nacional!

 

Y el cambio en la estratificación hacia arriba, que es de lo que se trata, arrastrará, a no dudarlo, el impuesto predial y hasta los pagos por salud y educación que deban hacer los habitantes del campo.

 

En estas circunstancias de quiebra y exacciones desmedidas, es obvio que urge mantener la campaña contra la estratificación rural, la cual debe ser sostenida por todas las agremiaciones del sector pero que ojalá sea respaldada por todas las fuerzas vivas de la nación.

 

Coletilla: Cuando este artículo ya estaba escrito se supo que avanza en el senado de la república un proyecto de ley que a plaza la estratificación rural por otros dos años. Aunque el ideal sería que se desmontara definitivamente, conviene mantener la presión sobre el gobierno, pues, como se sabe, es en últimas el ejecutivo el que decide sobre todo lo que pasa en el congreso.