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¿REPETIRÁN LA HISTORIA DE LA APERTURA?

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Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 21 de Abril de 2005.

 

Cuándo César Gaviria y sus ministros, Rudolf Hommes, Ernesto Samper Pizano y Juan Manuel Santos, entre otros, decidieron impulsar la apertura, es decir, disminuir la protección del aparato productivo nacional, unos dijimos que iban a volverlo trizas, pues era obvio que una economía enclenque no podría resistir el aumento de las embestidas de las transnacionales. Ellos, por su parte, utilizaron el “bienvenidos al futuro” presidencial para ocultar la regresión decidida por los imperios en la OMC. Y no solo hablaron de invadir a Estados Unidos con productos Made in Colombia –como se ofrece ahora con el TLC–, sino al mundo entero. ¡Cómo será el miedo en New York, Tokio y Roma ante esta amenaza del gavirismo!, dijimos algunos.

 

El debate se dio en especial en el sector agropecuario, en donde tantos dirigentes gremiales –tan gobiernistas, por sobre todo– se facilitaron para que tuviera éxito la burla oficial que dijo que la debilidad de los productores colombianos frente a las importaciones subsidiadas se iba a resolver con creatividad y malicia indígena, más unos cuantos cursos que les mejoraran la autoestima. En el caso del café, golpeado también por la decisión de Estados Unidos de imponer el neoliberalismo en ese negocio, el desdén de la alta burocracia de la Federación por la suerte de sus agremiados fue puesto en su sitio por un campesino que explicó: “es que no es los mismo vivir del café que de los cafeteros”.

 

¿Qué pasó? Los hechos, que son los críticos más implacables de cualquier teoría, dieron su veredicto: las importaciones agropecuarias se multiplicaron por diez, sustituyendo un millón de hectáreas de cultivos transitorios en Colombia. En plata, esas compras en el extranjero de unos productos que los colombianos estaban y están en capacidad de producir sumaron 17.253 millones de dólares entre 1991 y 2003. Y las pérdidas para la industria fueron aún mayores, así esto se conozca menos porque lo han ocultado los dirigentes gremiales que debieron informarlo.

 

En razón de este resultado, los neoliberales quieren firmar un TLC con Estados Unidos que de una vez por todas elimine la protección frente a los productos estadounidenses, con lo que se consolidarán las inmensas pérdidas de los años pasados y vendrán otras mayores, según lo reconocen los propios estudios de Planeación Nacional. Es el colmo que haya gente informada que no sepa o que diga que no sabe que el gobierno de Colombia ya ofreció que el agro nacional quedará con cero protección en el plazo que se pacte, así como aceptó que los gringos mantendrán sus enormes subsidios. Que ese desastre lo quieran menospreciar exagerando las verdaderas posibilidades de las exportaciones de uchuvas, pitayas y cardamomo, con las que unos “reemplazarán” lo que pierdan otros, vaya y venga, pero que no falten a la verdad sobre lo que ocurrirá con los cereales y los demás productos no tropicales.

 

De ahí que tengan tanta razón los arroceros que decidieron, como parte de su lucha, votar sobre el TLC, siguiendo la senda de los indígenas caucanos y adelantándose a otros sectores que se aprestan también a consultar al respecto. Y cómo es de lamentable que haya quienes, ¡y en nombre del arroz nacional!, en vez de respaldar la consulta, la censuren y, para peor, con argumentos politiqueros.

 

Esas consultas a sectores específicos debieran llevar al gobierno a someter a la votación de todos los colombianos si habrá o no TLC con Estados Unidos. Porque ese pacto significa la mayor amenaza contra la nación desde la Independencia de España, porque quién puede defender que una decisión de este calibre se le deje a las mismas mayorías que aprobaron la reelección de El Mesías y porque así lo indica el más elemental sentido democrático.

 

La legalidad de la consulta puede lograrse de dos maneras. Mediante la reforma constitucional que propuso Antonio Navarro o con el Artículo 104 de la Constitución que dice: “El presidente de la república… podrá consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del pueblo será obligatoria”. Si Uribe no consulta, entonces, es porque es de su talante imponer y porque le da pavor que se le repita la historia del referendo.