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QUE EL TLC SE LE CONSULTE A LOS COLOMBIANOS

Jorge Enrique Robledo Bogotá, 25 de enero de 2005. Existe confusión sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pues algunos piensan que sus gravísimas amenazas se limitan al sector agropecuario y los medicamentos genéricos. Si así fuera, ello bastaría para oponerse a su firma, pero también afectará negativamente toda la […]

Hace 1 mes

Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 25 de enero de 2005.

Existe confusión sobre los alcances del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, pues algunos piensan que sus gravísimas amenazas se limitan al sector agropecuario y los medicamentos genéricos. Si así fuera, ello bastaría para oponerse a su firma, pero también afectará negativamente toda la vida de los colombianos, y lo hará mientras dure su vigencia, que está pensada para ser para siempre.

 

Lo que se firme sustituirá aspectos fundamentales de la Constitución Política de Colombia, al reglamentar las actividades económicas, jurídicas y sociales del país en su relación con los estadounidenses y con los ciudadanos de otros países con los que Estados Unidos suscriba acuerdos similares. Para hacerse a una idea del calibre de la pretensión, debe saberse que el TLC que firmaron Estados Unidos, México y Canadá ocupa un texto de 250 páginas tamaño carta y a renglón seguido, el cual contiene incontables normativas. Y reemplazará la Carta porque en el ordenamiento jurídico colombiano los acuerdos internacionales, una vez ratificados por el Congreso y aprobados por la Corte Constitucional, se convierten en normas de máximo rango. En adelante, cuando se vaya a aprobar una ley o expedir cualquier norma, más que mirar la Constitución para ver su legalidad, habrá que observar si lo autoriza el TLC.

 

Si Estados Unidos logra clavarle a Colombia lo que no pudo meterle a la mayoría de los países del mundo en la Organización Mundial del Comercio, que es de lo que se trata con el TLC, el país perderá una parte medular de su soberanía y, en especial, la que le permite emplear las mismas palancas que les permitieron a las naciones desarrolladas llegar a ese nivel. Por ejemplo, desaparecerán los aranceles y demás mecanismos que protegen al agro, como se sabe, pero también a la industria, cuyas pérdidas serán aún mayores, como han sido mayores en lo que va de neoliberalismo. Al dárseles “trato nacional” a los gringos, Colombia no podrá utilizar sus normas para privilegiar los intereses de sus nacionales. Tampoco podrá el Estado colombiano escoger a ciertos sectores claves de la economía como áreas reservadas para su control o el de los colombianos. Con los tribunales de arbitraje, a las transnacionales se les creará una juridicidad especial y hecha a su medida. La suma de los aranceles de cero por ciento más el incremento de los estándares en propiedad intelectual y patentes profundizará la barbarie científica y tecnológica en la que ya se encuentra el país. Al convertirse en “servicios”, es decir, en vulgares mercancías, no podrán ser derechos ciudadanos la educación, la salud, la cultura y el medio ambiente. Y pegados de cambios legales y económicos tan grandes, vendrán consecuencias sociales más negativas aún que las sufridas en los últimos quince años.

 

Para empeorar las cosas, una vez se firme el TLC será supremamente difícil echar para atrás las normas neoliberales aprobadas desde 1990, pues para hacerlo habría que denunciar el Tratado. Por ejemplo, mientras dure su vigencia no podrán derogarse las leyes 100 y 142, sobre salud, pensiones y servicios públicos domiciliarios, porque la privatización es uno de los asuntos que amarrará el Tratado.

 

Si lo que se pretende deroga aspectos fundamentales de la Constitución Política de Colombia y le hará daño a tantos, ¿por qué se tramita como si fuera un tratado internacional corriente? Si solo una Asamblea Constituyente puede hacerle cambios medulares a la Constitución, y lo que ésta decida debe ratificarlo la votación de los colombianos, ¿por qué no se somete el TLC a un referendo? Y con más razón aun si en el programa de gobierno del candidato Uribe Vélez, el llamado Manifiesto Democrático, ni siquiera existe la frase Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

 

El próximo 9 y 10 de febrero, los indígenas del Cauca le van a dar otro ejemplo de democracia y de valor civil al país. En esos días, y convocados por sus respectivos alcaldes, las comunidades de los municipios de Jambaló, Toribío votarán sí o no a la pregunta: “¿Esta de acuerdo con la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos?”. ¿Cuánto tiempo demorará el gobierno en proclamar que no les consultará al respecto a todos los colombianos?