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OTRO NEGOCIO PÉSIMO PARA LA NACIÓN

Jorge Enrique Robledo Castillo Bogotá, 17 de diciembre de 2003. Transcribo el texto de la declaración que expedimos, con el senador Hugo Serrano Gómez, sobre la reciente decisión de Luis Ernesto Mejía, Ministro de Minas, a propósito del gas de La Guajira:   Quedó demostrado que el fallido contrato de Catalina, para extenderle la explotación […]

Hace 4 semanas

Jorge Enrique Robledo Castillo

Bogotá, 17 de diciembre de 2003.

Transcribo el texto de la declaración que expedimos, con el senador Hugo Serrano Gómez, sobre la reciente decisión de Luis Ernesto Mejía, Ministro de Minas, a propósito del gas de La Guajira:

 

Quedó demostrado que el fallido contrato de Catalina, para extenderle la explotación del gas de Chuchupa en La Guajira a la ChevronTexaco, era un pésimo negocio para el país, porque en el que acaban de firmar con la misma empresa y con el mismo objeto Colombia recibirá 70 millones de dólares más en Valor Presente Neto. Pero no obstante lo ganado en buena medida por nuestras denuncias, debemos afirmar que el nuevo contrato con la transnacional también lesiona el interés nacional, lo que seguramente explica por qué Isaac Yanovich, Presidente de Ecopetrol, se negó a entregarle a la Comisión Quinta del Senado y a la Contraloría General de la República todos los documentos que supuestamente demuestran su conveniencia. En lo que se conoce, los nuevos hechos son los siguientes:

 

El propio presidente de Ecopetrol reconoció que en las escasas cifras entregadas hay protuberantes errores numéricos, realidad que pone en seria duda la responsabilidad con la que hicieron los análisis. Además, la Contraloría encontró que, en los hechos, Ecopetrol reporta tasas de descuento diferentes para sus cálculos, sean estos anuales (del 12.28 por ciento) o mensuales (del 21.5 por ciento), diferencia notable que pone en duda toda su información.

 

La decisión del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de cederle a la ChevronTexaco lo que debiera revertirle a Ecopetrol, debe rechazarse por otras razones. Que sea supuestamente mejor para Colombia extenderle la explotación a la ChevronTexaco que revertirle el yacimiento a Ecopetrol en un insignificante 1,8 por ciento constituye, sin duda, una burla al Consejo de Estado, que conceptuó que la extensión sólo podía hacerse si era mejor para el país que la reversión. ¿Qué negociaron los llamados “negociadores” que se contentaron con tan poco?

 

De manera sospechosa, los análisis de Ecopetrol suponen un precio del kilopié cúbico de gas de 91 centavos de dólar, cuando el valor promedio de este en los últimos diez años ha sido de 111 centavos de dólar, en precios reales. También llama la atención que le supongan un impuesto de renta a la transnacional de 38,5 por ciento anual entre el 2005 y el 2016, cuando se sabe que una parte de esa tasa (el 3,5 por ciento) tiene definido un carácter temporal. Es curioso, por decir lo menos, que den como un hecho que no habrá exportación de ese gas a Venezuela, cuando se sabe que esa es una gran posibilidad, lo que mejoraría la rentabilidad que le calculan al yacimiento. ¿Y quién le responde a La Guajira y a Riohacha por los 13 millones de dólares anuales que dejarán de recibir por regalías?

 

Si las cifras usadas por Ecopetrol no están amañadas a favor de la ChevronTexaco, ¿por qué esta acepta una Tasa Interna de Retorno de apenas el nueve por ciento en este negocio, utilidad que, se sabe, no mueve a ninguna transnacional? ¿Por qué calcularon en tan bajos precios los activos de Ecopetrol en Chuchupa y por qué supusieron que los créditos en el extranjero de la ChevronTexaco le cuestan a esta más que lo que le valen a Colombia los suyos?

 

En lo que a nosotros respecta, no nos cabe la menor duda de que Ecopetrol y el ministerio de Minas acomodaron las cifras para dar la impresión de que sí se acogían al concepto del Consejo de Estado, al tiempo en que de verdad sesgaron el análisis a favor de la transnacional, que fue lo mismo que intentaron hacer con el fallido contrato de Catalina. Como la ley obliga a Ecopetrol a entregarle a la Contraloría los datos que hasta ahora le ha negado, y esta controversia llegará al Congreso, luego se acabará de comprobar que en este nuevo caso en contra del interés nacional nuestra verdad también se abrirá paso.

 

Coletilla: el fallo del Consejo de Estado sobre las acciones de Invercolsa, condenando a Fernando Londoño Hoyos a perder el dinero invertido en ellas porque actuó a sabiendas de que no tenía respaldo legal para adquirirlas, confirma las razones de quienes hicimos las denuncias. Y Uribe Vélez logró la “hazaña” de perder el referendo dos veces.