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NADA JUSTIFICA NO PAGARLE AL MAGISTERIO

Jorge Enrique Robledo Castillo Manizales, 12 de noviembre de 2001. A través de su vocero, Hugo Valenzuela Pérez, Secretario de Educación de Caldas, el gobernador dijo que no les pagará a los educadores los sueldos adeudados, ni las prestaciones que vienen atadas a ellos, a pesar de que durante sus vacaciones y festivos dictaron las […]

Hace 1 mes

Jorge Enrique Robledo Castillo

Manizales, 12 de noviembre de 2001.

A través de su vocero, Hugo Valenzuela Pérez, Secretario de Educación de Caldas, el gobernador dijo que no les pagará a los educadores los sueldos adeudados, ni las prestaciones que vienen atadas a ellos, a pesar de que durante sus vacaciones y festivos dictaron las clases que se aplazaron mientras duró el paro contra el Acto Legislativo 012. Y el pleito, en plata, no es de poca monta, porque la suma asciende a más de 20 mil millones de pesos, dineros que le caerían muy bien al magisterio, a sus familias y a la economía de la región, tan deprimida por la quiebra cafetera y del país. Mientras unos funcionarios buscan adelantarles el pago de la prima de navidad a sus empleados, para darles algo de aire a unas ventas deprimidas, otros pueden terminar devolviéndole dos decenas de miles de millones de pesos de los caldenses al gobierno nacional.

 

Pero las explicaciones para no pagarles resultan peores que la propia determinación de no hacerlo. Según dijo el Secretario de Educación de Luis Alfonso Arias Aristizábal, no les pagan porque “las palabras disonantes del dirigente sindical Wilson García en un medio de comunicación, hicieron que el Gobernador y yo optáramos por no negociar” (El Tiempo Café, 8 de noviembre, de 2001). Si, apreciado lector, no leyó mal. ¡No adelantan las gestiones para pagar 20 mil millones de pesos porque les parecieron “disonantes” las declaraciones de un dirigente sindical!, dirigente que, además, no es el presidente del sindicato y ni siquiera hace parte de la coalición mayoritaria de su junta directiva. La explicación es tan absurda que, obviamente, tiene “gato enmochilado”.

 

Lo primero es establecer que si no pagan es porque no se les antoja, dado que el magisterio, con la colaboración de los estudiantes y los padres de familia, ya recuperó casi todo el tiempo no trabajado durante el paro y está recuperando lo que falta, según pueden certificarlo los consejos directivos de los colegios, los únicos que tienen la potestad para hacerlo, a lo que se le suma que el Gobernador es, legalmente, el único que puede ordenar ese gasto y quien tiene el deber de hacerlo. La otra hoja de parra que han usado para no pagar también les tapa bien poco: que hay un concepto del ministerio de Educación que les apoya su determinación. Y no sirve como pretexto porque esa opinión no obliga en el ordenamiento jerárquico del país y carece de sustento legal, tal y como pueden demostrarlo los 27 gobernadores que ya les pagaron a los educadores de sus departamentos. Tan no es obligatoria que, según la propia explicación de Valenzuela y Arias, ellos iban a pagar si no hubiera sido por las “palabras disonantes” de un directivo sindical.

 

Pero este pleito no se entiende sin otras consideraciones. Constituye una actitud desmedida manejar las diferencias con los docentes con el propósito de agredirlos, pues qué otro sentido puede tener exigirles que vuelvan a dictar las clases que ya dictaron. Además, la actitud autoritaria del gobierno departamental pone en riesgo el año lectivo de los estudiantes, porque si sigue insistiendo en no reconocer las clases que ya recibieron, ¿cómo va a certificar que pueden graduarse y pasar a los cursos siguientes? Y es el colmo armar todo este enredo con el propósito oculto, pero conocido entre los maestros, de mejorarles las condiciones electorales a los jefes de la coalición que gobierna a Caldas, preocupados por la manera como votarán los educadores en marzo, luego de que aprobaran en el Congreso el Acto Legislativo 012, pilar de la privatización de la educación pública y del recorte de los derechos del magisterio.

 

Finalmente, la democracia no es solamente un sistema mediante el cual se vota para elegir personas o tomar determinaciones. También tiene que ver, entre otras cosas, con si los funcionarios públicos asumen actitudes democráticas al responderles a los reclamos de las gentes y de quienes las representan. Entonces, emplear el poder del Estado para darle garrote a un dirigente sindical que tiene el derecho —y el deber, en este caso— de disentir, no es en nada democrático, y menos si para hacerlo se recurre a maniobras retóricas, esas sí, sin duda, disonantes.