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LIZARRALDE NO PUEDE OCULTAR SU PASADO Y SER MINISTRO

Jorge Enrique Robledo Bogotá, 11 de octubre de 2013. El martes pasado debió comparecer ante la Comisión Quinta del Senado el ministro de Agricultura. Pero el debate de control político no pudo realizarse porque la víspera en la noche informó que no asistiría y que tampoco respondería a las preguntas del senador citante, dado que, […]

Hace 4 meses

Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 11 de octubre de 2013.

El martes pasado debió comparecer ante la Comisión Quinta del Senado el ministro de Agricultura. Pero el debate de control político no pudo realizarse porque la víspera en la noche informó que no asistiría y que tampoco respondería a las preguntas del senador citante, dado que, afirmó, ellas se referían a sus actividades como gerente de Indupalma. Rubén Darío Lizarralde montó su negativa sobre la ridícula teoría de que como sus actos fueron en una empresa privada, es a ella a la que hay que preguntarle, con lo que pretende ganarse 18 años de impunidad sobre su vida. Tan vivo: no cesa de hablar de las “maravillas” que él dice haber realizado en Indupalma; pero cuando el Congreso decide analizarlas, se niega a hablar sobre ellas.

 

La posición del ministro de Agricultura es tan abiertamente ilegal y disparatada, que sin duda se origina en su incapacidad para defender actos repudiables e ilegales en Indupalma. En su soberbia, pretende que sus comparecencias ante el Senado, a las que lo obliga la Ley 5 de 1992, puede escogerlas a la carta. Y quiere arrogarse el derecho de decirle a un senador de la República sobre qué y cómo puede preguntar. ¿No es el colmo que Lizarralde intente que no le juzguen sus actos del pasado, que son los que se supone lo llevan al gobierno? El que no desee que le pregunten sobre su vida, pues que no brinque de la empresa privada al gobierno. Porque la sociedad ha de tener el derecho de examinar cada decisión, en la empresa privada y en el Estado, de cada uno de los servidores públicos.

 

Sería gravísimo que el Congreso y los colombianos –incluidos los medios de comunicación–, le toleraran a Rubén Darío Lizarralde la desfachatez extrema de su pretensión y tan grosera violación de la ley (db.tt/H9Ch6csP). Porque hasta en este país tan descompuesto –en el que Carlos Urrutia aún se pavonea de embajador en Washington, no obstante sus ilegalidades–, debería haber límites infranqueables.

 

Siendo intolerable esta intentona, se entiende que Lizarralde evada dar la cara. Porque, entre otras hazañas, como gerente de Indupalma tiene en su haber dos comprobadas violaciones a la Ley 160 de 1994: acumular tierras campesinas que fueron baldíos –en Sabana de Torres y en el Vichada (db.tt/ZDkS4h9I)– y ocupación indebida de cerca de 4 mil hectáreas de baldíos, caso que se agrava porque montó la ilegalidad sobre una cruel persecución a las familias campesinas que sí tienen derecho legal a que les adjudiquen esas tierras y porque incluyen la destrucción de un puente necesario para la comunidad y que Indupalma haya puesto retenes con guardias armados sobre una carretera pública (bit.ly/GIbUZG).

 

Tampoco quiere Lizarralde responder por una persecución tan feroz contra los trabajadores de Indupalma, que la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, considera “inaceptable” su ministerio y que llevará el caso a escenarios internacionales (bit.ly/16TMF3c). Es evidente que en Colombia el gerente de Indupalma puede ser el más sañudo perseguidor de los obreros agrícolas, ¿pero alguien así debe ser ministro de Agricultura, cuando sin ellos no es posible la producción empresarial?

 

Y sí que le teme Lizarralde a que el Congreso le analice, no sus palabras de autoelogio, sino las realidades de las “asociaciones” de Indupalma con campesinos, mito montado sobre falacias que el propio Juan Manuel Santos ha dicho que implantará en todo el país. Porque si se miran los contratos entre Indupalma y sus “socios”, salta a la vista que se trata del más leonino de los negocios, en el que los campesinos corren con todos los riesgos, hasta el de perder sus tierras, en tanto Indupalma les cobra carísimo por ser el capataz de esta especie de siervos de hoy y los obliga a venderle barato el fruto de la palma a la extractora de esa empresa (db.tt/OAwYyrcq).

 

Es tanto el despotismo de Lizarralde con los “asociados” de Coopsabana, que les impuso hipotecar sus parcelas a un prestamista desconocido en ese antro de corrupción que son las Islas Caimán, ¡y para respaldar deudas de Indupalma! (db.tt/4ZWfINSq), empresa también de dueño oculto registrada en Panamá, otro paraíso fiscal. Para completar el tapen-tapen, el Banco Agrario también se negó a informarme sobre las condiciones de sus créditos a los “socios” de Indupalma.