Generic placeholder image
Generic placeholder image

EL PODER AL SERVICIO DEL ENRIQUECIMIENTO DE LOS HIJOS DEL PRESIDENTE URIBE

Jorge Enrique Robledo Senador de la República de Colombia Bogotá, 31 de mayo de 2009. Tomás y Jerónimo, los hijos menores de 30 años del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se enriquecieron por las decisiones de un alcalde y de altos funcionarios subalternos de su padre. Son evidentes los favoritismos e ilegalidades en su beneficio. […]

Hace 4 semanas

Jorge Enrique Robledo

Senador de la República de Colombia

Bogotá, 31 de mayo de 2009.

Tomás y Jerónimo, los hijos menores de 30 años del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, se enriquecieron por las decisiones de un alcalde y de altos funcionarios subalternos de su padre. Son evidentes los favoritismos e ilegalidades en su beneficio. Y se enriquecieron en grande, en miles de millones de pesos: desde 2006, un terreno en Mosquera, cerca de Bogotá, en el que poseen el 15%, luego de pequeñas obras de urbanismo, aumentó su precio de 8.600 millones de pesos a 138.000 millones de pesos.

 

El lote se lo vendió a los hijos del Presidente la trasnacional Bavaria SabMiller y, según las escrituras, medía 34 hectáreas, pero resultó que había un curioso y enorme error: en realidad, medía 53 hectáreas. Así, el precio del metro cuadrado les salió a solo 13.000 pesos, una suma bajísima en la Sabana de Bogotá. Además, la misma trasnacional les vendió otro lote de 100 hectáreas, también en la Sabana, en Tocancipá, por solo 22.000 millones de pesos. En este negocio son socios de algunos amigos de su padre que tienen la merecida fama de estar entre los colombianos más adinerados. Según los jóvenes Uribe, en este caso “no colocamos inversión en dinero para obtener esa participación (12%), sino que la obtuvimos de la promoción del mismo” proyecto.

 

Si a los hijos del Presidente les ha ido muy bien con Bavaria SabMiller, a la trasnacional le ha ido mejor con el jefe del Estado. El gobierno le otorgó una zona franca especial y un contrato de estabilidad jurídica para su nueva fábrica en Yumbo, cerca de Cali, la cual costó 175 millones de dólares. La zona franca le rebaja, entre otras gabelas, el impuesto de renta del 33 al 15% durante 30 años. Y el contrato de estabilidad jurídica determina que en los próximos 20 años no se le podrán aplicar normas que le desmejoren sus condiciones económicas, lo que la exime, por ejemplo, del nuevo impuesto de guerra que seguramente se aprobará en 2010.

 

Además de la notoria inconstitucionalidad del decreto 383/07 que autorizó las zonas francas especiales, porque no se apoya en la Ley 1004/05 que le da base a las zonas francas, y de flagrantes violaciones de procedimiento para tramitar la especial de Bavaria SabMiller, esta no cumple con lo que se supone es el primer requisito para otorgarlas: inducir nuevas inversiones. Y lo mismo puede decirse sobre la falta de justificación moral y legal del contrato de estabilidad jurídica. Porque el decreto 383 y el otorgamiento de la estabilidad jurídica son de febrero de 2007 y cuatro años antes, en el Informe Anual de Bavaria de 2003, esta anunció la “Iniciación de actividades para la construcción de la cervecería del Valle que sustituirá a la de Cali –Colombia– y que, con una capacidad instalada que duplicará la de ésta, cubrirá territorios de alto consumo que eran abastecidos por fábricas que cesaron sus operaciones en desarrollo del proceso de racionalización de la plataforma industrial”. Es obvio, entonces, que la trasnacional decidió invertir por las necesidades del negocio y antes de las canonjías que, sin ninguna razón de Estado, le otorgó el gobierno, las mismas que, en solo 2008 y por menor impuesto de renta, suman 11.707 millones de pesos.

 

El alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, valorizó el lote de los hijos del Presidente al aumentar de 50 a 75% el área que puede edificarse en el primer piso. También lo valorizó cuando adoptó un Plan Parcial que en la práctica pasó el uso del suelo de rural a urbano y permitió parcelarlo para construir industrias. Y el Plan Parcial violó la Ley 388 de 1997 que ordena pagar impuesto de plusvalía a los lotes que se valorizan por las decisiones oficiales.

 

Poco después, los hijos del presidente Uribe le vendieron baratísima una porción del lote valorizado a Inversiones ALC, empresa que fundó el alcalde de Mosquera y que hoy aparece a nombre de sus hijos y hermanos. Estos lotes se vendieron a solo 19.000 pesos el metro cuadrado. Y dos días después le vendieron a otros compradores dos predios vecinos a los anteriores y que tenían el mismo origen, pero a 53.000 el metro cuadrado. Es obvio que la Fiscalía debe investigar, porque salta a la vista un posible e ilegal favorecimiento recíproco.

 

Se publicó una fotografía de Tómás Uribe con el ministro de Vías y Transporte en una reunión en la que se trató sobre la doble calzada Madrid – Mosquera, vía que pasa por en medio del famoso lote. Y se conoce otra en la que aparece el mismo Tomás en la proclamación de la candidatura al senado del ahora ex alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo, a quien tiene tantas razones para querer.

 

La otra gran valorización del predio de los hijos del Presidente tiene origen en que el gobierno autorizó desarrollar allí la Zona Franca de Occidente, decisión que aumentó en notables proporciones el precio del suelo, porque las grandes empresas que se establezcan allí, entre otras canonjías, no pagarán impuesto de renta del 33% sino del 15%. La aprobación la hizo, luego de comprobados favoritismos e ilegalidades, el Comité Intersectorial de Zonas Francas, donde deciden los ministros de Comercio y Hacienda y otros altos subalternos del Presidente de la República.

 

Los ministros han dicho que ellos no sabían de quién era la tierra de la Zona Franca de Occidente y que tampoco estaban obligados a saberlo. Que por ello, por tanto, no se declararon impedidos para tomar la decisión que enriqueció a los hijos de su patrón, el presidente Uribe, como se los ordenaba la ley. Su ignorancia no es creíble, entre otras cosas, porque el 7 de diciembre de 2007 se publicó en El Espectador, el segundo diario de circulación del país, un artículo de un respetado analista el que se denunció que Tomás y Jerónimo Uribe eran socios de ese negocio. Y el artículo 209 de la Constitución, el Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 001 de la Comisión Intersectorial de Zonas francas, donde ellos tienen silla, los obligaban a conocer quienes eran los propietarios del lote. O, como se preguntó una articulista amiga del gobierno, ¿si el lote hubiera sido de un conocido narcotraficante, también habrían aprobado la zona franca?

 

Violando la Constitución y la ley, el jefe de la administración de impuestos de Colombia se negó a suministrar todos los documentos públicos que requiere la investigación senatorial y tampoco ha respondido si los hijos del Presidente pagaron los impuestos correspondientes a las grandes ganancias obtenidas en este negocio hasta el final de 2008. Esto, a pesar de que ellos han reconocido una valorización de parte de la inversión en Mosquera de más de 100 veces y utilidades de 10.000%, reconocimiento hecho en un documento público al parecer elaborado para no pagar los impuestos.

 

El Presidente Álvaro Uribe, también en contra de legalidad nacional, no contestó el derecho de petición formulado por este senador en el que le pregunté: ¿sabía usted que sus hijos eran socios del lote de la Zona Franca de Occidente? Si sí lo sabía, que es lo que han dicho ellos, ¿por qué no se lo informó a los ministros y a los otros subalternos suyos, de manera que según la ley pudieran declararse impedidos para aprobarlo?

 

También es causa de escándalo en Colombia que Bavaria y otras grandes empresas le hubieran entregado a Residuos Ecoeficiencia, otra empresa de la que son socios los hijos del presidente Uribe, la recolección y disposición de sus desechos industriales. Porque esos desechos los recolectaban y usufructuaban antes los llamados “recicladores”, uno los grupos sociales más pobres del país. Expresando su dolorosa frustración en el Senado, Ana Isabel Martínez, presidenta de una de las asociaciones desplazadas de este negocio, dijo: “Son como una plaga que está quitándonos la basura a los pobres”.

 

En la inmoralidad propia de un gobierno que se empeña en cambiar la Constitución por segunda vez para que Álvaro Uribe pueda lograr un tercer gobierno, lo que podría conducir a su reelección perpetua, no sorprende que se haya levantado la impúdica teoría de que los hijos del Presidente pueden hacer cualquier negocio que no sea ilegal, con lo que desconocen los más elementales controles éticos y morales de la sociedad y, además, intentan ocultar las ilegalidades ocurridas.

 

Quien no caiga en las manipulaciones en las que es tan hábil Álvaro Uribe podrá entender que, entre otros horrores, son negocios como los de los hijos del Presidente lo que se quiere reelegir.