Aunque hay imprecisiones en las cifras y en lo que con exactitud significan, a la hora de redactar este texto, son enormes las pérdidas por el fuerte terremoto del 10 de agosto pasado: 304 muertos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos. Más 292.043 personas afectadas por los 163.896 inmuebles averiados, incluidos 5.808 edificios, más los 267 que se derrumbaron. Y 303 centros de salud y 4.343 centros educativos dañados que dejaron a 400 mil estudiantes sin clases presenciales (!).
En total, se calculan pérdidas por 30 billones de pesos, casi todas en Chocó, Valle, Risaralda, Quindío y Caldas, donde viven cerca de ocho millones de colombianos, el 16 por ciento del total.
Para darse una idea de las debilidades de la sismoresistencia en Colombia, si este sismo hubiera sido en todo el país –cosa que no puede suceder–, habría que multiplicar por muchas veces más las pérdidas anteriores, producto de las edificaciones construidas antes 1984, cuando, tardíamente, se aprobó el primer código que ordenó construir cumpliendo normas que promovieran las sismorresistencias.
Y porque muchas edificaciones se colapsan porque tiene origen en procesos de autoconstrucción de colombianos de escasos recursos, urbanos y rurales, que no cumplen o cumplen mal los códigos de sismoresistencia de 1984 y 1998.
Especial mención merecen las fallas en edificaciones para educación, salud y otros servicios públicos, por completo inaceptables. Porque tienen origen en recursos públicos del orden nacional, departamental y municipal y las causan administraciones que no cumplieron con sus deberes, provocándoles grandes daños a la sociedad.
En Colombia, las fallas públicas y privadas tienen en su origen la gran mediocridad de su economía, de apenas ocho mil dólares por habitante, la cual determina la debilidad del Estado y de tantos compatriotas a la hora de atender sus necesidades, en contraste con los países que tienen productos percápita de entre 40 mil y 100 mil dólares.
Y a la debilidad de las economías privadas y públicas hay que sumarle los altos niveles de corrupción política que se enseñorean en Colombia, los cuales sabotean la creación de riqueza y debilitan el gasto público, incluso robándose parte de la plata que debió invertirse en edificaciones sismorresistentes para la educación, la salud y otros servicios.
Mención aparte merece el reclamo del alcalde de Cali por los edificios que fallaron y que tenían que haber cumplido con las normas de sismoresistencia, casos que pide investigar por “si hubo corrupción”. Problema que también pudo darse en otras partes con el fin de aumentar ciertas utilidades a costa de los patrimonios y la salud y las vidas de sus moradores.
Coletilla: El gobierno y las organizaciones especializadas deben estudiar y proponer cómo mejorar las normas de la sismoresistencia y cómo enfrentar, con castigos ejemplares, a los corruptos que violan las leyes de defensa de las edificaciones, al no aplicarlas como debe ser.
Bogotá, 22 de agosto de 2026.
