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Sobre las decisiones de La Haya

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Otro golpe a la soberanía nacional

7 de diciembre de 2012.

El 19 de noviembre de 2012 pasará a la historia de Colombia como uno de sus peores días. Porque ese día perdimos una porción enorme del territorio nacional, de acuerdo con el fallo de la Corte Internacional de Justicia o de La Haya, fallos que considera “inapelables” María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores. Con los más de 70 mil kilómetros cuadrados perdidos se fueron las riquezas pesqueras y el suelo y el subsuelo de esa porción del mar. Y se perdieron también los bienes intangibles que los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina valoran como lo que más. Una desgracia para la nación, que no podrá borrarse sin importar las mentiras piadosas y las jugadas políticas a las que se recurra.

Ojalá el gobierno nacional sea capaz de acordar con el de Nicaragua las normas que permitan las mejores relaciones entre los dos pueblos, en especial las que tienen que ver con la vida de los sanandresanos, quienes, con suficientes razones, aseguran que los gobiernos de Bogotá no hicieron lo que debían en defensa del territorio nacional, al igual que tampoco han cumplido sus deberes con las necesidades de los habitantes del archipiélago. Más vale que Santos no repita su frase cínica de que los “Isleños quedarán mejor que lo que estaban antes del fallo”.

Lo que resta es no permitir que los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en cuyos períodos se dio la parte final del litigio, tengan éxito en su pacto para echarle toda la culpa a la Corte Internacional de Justicia, de manera que ellos evadan sus responsabilidades. Que la actuación de Colombia en La Haya “fue una política de Estado”, al decir de la ministra Holguín, es la confesión de que decidieron arroparse con la misma cobija y absolverse mutuamente, no sea que el resto del país concluya lo que ya concluyeron los habitantes del archipiélago: que los gobiernos de Colombia, escandalosamente ineptos, fueron incapaces de defender el interés nacional.

En el tapen-tapen diplomático, además del galimatías de Santos de que sí pero que no, rechazo pero acepto, lo mismo pero distinto, chilla la decisión hasta cómica de retirarse del Pacto de Bogotá –que obligó a Colombia a someterse a la Corte de La Haya–, solo que lo hacen ¡varias décadas tarde! Porque en 1980 los nicaragüenses desconocieron el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1927 entre los dos países y en 2000 el presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, anunció que denunciaría a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Y no reaccionaron en 2007, una vez el fallo de ese tribunal dejó claro que la decisión final sería adversa a Colombia, al no reconocer el meridiano 82 como el límite del mar entre los dos países.

Cuánto molestan los alardes de falso patriotismo de un gobierno que anda firmando TLC y acuerdos de inversión casi que a la loca, pactos que someten a Colombia a condiciones económicas y de soberanía en extremo leoninas, así como a tribunales de arbitramento diseñados por las trasnacionales, en los que el país tiene bastante menos garantías de las que brinda la Corte de La Haya (http://bit.ly/REnny4).

Que no ha sido el nacionalismo, ni siquiera en pequeñas dosis, el que ha orientado las relaciones internacionales de Colombia puede demostrarse hasta la saciedad. Hay que ver a Santos y a Restrepo clamando por entregarles las tierras rurales de Colombia, y todo lo demás, a los extranjeros. Y también puede demostrarse el papel determinante del clientelismo –político y amiguero e incapaz hasta el ridículo– en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que se supone que su función es la importantísima de defender los intereses de los colombianos en el mundo. Tan globalizados que se dicen, pero actúan con un provincianismo miope que espanta.

Coletilla: las 89 empresas privadas más grandes de Colombia por sus ventas –casi todas trasnacionales– apenas aportan el 4.6 por ciento del total de los impuestos nacionales. Y Santos se los quiere disminuir, mientras se los aumenta a la clase media y a los sectores populares. Del orden de ocho billones de pesos será el regalito. Plutocracia al galope.

El fracaso de La Haya debe debatirse en el Senado

 25 de marzo de 2016.

Van tres dolorosos fracasos de la Cancillería colombiana en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el pleito con Nicaragua por los límites marítimos en el Caribe. Sus argumentos no fueron aceptados en 2007, 2012 y 2016, e igual puede suceder en el próximo fallo. Y las pérdidas han sido mayúsculas: 75 mil kilómetros cuadrados de mar, con sus derechos sobre la pesca y el suelo y el subsuelo, y la desmembración del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, del que separaron a los Cayos Quitasueño y Serrana, que quedaron enclavados dentro del mar nicaragüense. Además se lesionó algo muy caro para los raizales sanandresanos: su comunidad histórica, económica y cultural y sus fuertes vínculos con sus familiares y amigos de la costa de Mosquitos.

Aunque esta vez la Corte no decidió de fondo, sí negó la petición de la Cancillería colombiana para que no avocara las dos demandas de Nicaragua: que declare que Colombia no ha acatado la sentencia de La Haya de 2012 y que le otorgue una plataforma continental extendida, más allá de las 200 millas que ganó en el fallo anterior, área de suelo y subsuelo marino que se sustraería de los derechos colombianos.

Ante estas realidades, tan irritantes para cada colombiano y como una protesta, el presidente Santos anunció que Colombia no participará en lo que sigue del proceso en La Haya, decisión que, debe saberse, no impide que el proceso continúe y que al final se emita una sentencia que será inapelable para las partes, como ocurre con la de 2012.

En razón de este desastre diplomático de Colombia, son amplios los cuestionamientos a la manera como se han defendido los intereses nacionales frente a Nicaragua. Se controvierten las políticas de los gobiernos de Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, cuyas posiciones han coincidido en lo fundamental y han sido respaldadas en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por el liberalismo, el conservatismo y las fuerzas nacidas de estos. Políticas de Estado, las han calificado, pero sin haber contado con la oposición. Y fracasadas, a la vista está.

Lo primero digno de debatirse es por qué no se dialogó con Managua una vez surgió el diferendo ni tras el fallo adverso de La Haya en 2012, conversaciones que ningún daño le hacían al país y que hoy, en condiciones más difíciles, los colombianos debemos promover, para poder acordar un tratado beneficioso para las dos partes. Los hechos probaron que el Tratado Esguerra-Bárcenas (1928) no protegía del todo a Colombia, riesgo que, por ejemplo, advirtió Alfonso López Michelsen cuando puso en duda el valor legal del Meridiano 82 como límite marítimo y propuso dialogar con los nicaragüenses. ¿Sí puede presentarse como excelente para el país el Esguerra-Bárcenas, en el que Colombia renunció a la costa de Mosquitos en el continente y aceptó que tenía un “litigio” de soberanía con Estados Unidos por Quitasueño, Serrana y Roncador? ¿No influyó en la desmembración del archipiélago que el país, en el Tratado Vásquez-Saccio (1972), volviera a ceder ante abusivas exigencias estadounidenses?

Es severo el cuestionamiento de Enrique Gaviria Liévano a la decisión de Colombia de no argüir en La Haya que San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás formaciones no eran una suma de partes, como se expresó, sino un archipiélago de Estado, es decir, un conjunto de tierras, aguas, gentes e historia que debía delimitarse y tratarse como un todo indisoluble. ¿Por qué los sanandresanos no pudieron participar en el diseño de la posición nacional y el gobierno pasó de defender como límite el Meridiano 82 a usar el criterio de la línea media? ¿No es inaudito que la Cancillería colombiana fracasara dos veces en su propósito de sustraer al país de los fallos de la Corte de La Haya? ¿Cuál es el valor real de los abogados que cobraron 4.176 millones de pesos y alegaron, contra el texto del artículo 56, que el Pacto de Bogotá no impone que entre el anuncio del retiro de La Haya y su aplicación tiene que pasar un año?

En defensa del derecho democrático a conocer y opinar a plenitud sobre este fiasco histórico, citaré a la canciller María Ángela Holguín a un debate de control político en el Senado, para el que ya le solicité las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, en las que reposan las posiciones sobre el litigio y que mantienen en un secreto inaceptable. Unirnos en torno al interés nacional no debe auspiciar el tapen-tapen ni impedir que se establezcan las respectivas responsabilidades políticas.