El Gobierno debe someterse al control del Congreso y las preguntas de los medios
El próximo pleno del Congreso de los Diputados para conceder la nueva prórroga del estado de alarma solicitada por el Ejecutivo sería la ocasión idónea para que el Poder Legislativo recupere la plenitud de sus funciones, respetando las cautelas necesarias para evitar la propagación del coronavirus. El objetivo de establecer un espacio público de confianza desde el que abordar el siguiente capítulo en la contención de la pandemia y en la minimización de sus efectos no puede llevarse a cabo con instituciones cerradas, y el Parlamento menos que ninguna otra. Por razones institucionales, sin duda. Pero, también, por motivos de eficacia.
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Las razones institucionales exigen que, pese a la alarma, el Gobierno no se sustraiga al control tanto del Congreso de los Diputados como de los medios de comunicación. La situación que vive el país es inédita, y cada una de las decisiones que se adopten en estos momentos está fatalmente condenada a convertirse en un precedente que perfilará el funcionamiento del sistema en los casos semejantes que se puedan presentar en el futuro. Se trata de una responsabilidad añadida, que, sin embargo, no puede ocultar las inmediatas. Sobre todo porque sería ahora el Gobierno el que entraría en una inaceptable zona gris. Si el Congreso permanece cerrado y el único control posible es el que ejercen los medios, no es razonable reservarse la selección de preguntas, como ha sucedido durante estas semanas. Los periodistas acreditados en La Moncloa deben poder preguntar sin intermediario. La comunicación no debería sustituir a la política en ningún tiempo, pero menos en tiempos excepcionales. Porque, si lo hace, son alarmas nuevas las que deben declararse.
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