Jorge Enrique Robledo
24 de diciembre de 2009, Artículo para El Espectador
“Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”. Daniel Samper Pizano
Bastante mal le fue al gobierno en el debate sobre Agro ingreso seguro (AIS), que iniciaron las denuncias de Cambio y Daniel Coronell. Y así tenía que ser. Porque hubo un reparto plutocrático de los recursos, a los financistas de las campañas y el referendo del presidente Álvaro Uribe les entraron grandes sumas del programa y existen serios indicios de corrupción. De “cínicas y descaradas” calificó monseñor Jaime Prieto, obispo de Cúcuta, las explicaciones oficiales. Cómo no recordar el debate sobre los negocios de los hijos de Presidente.
Por créditos AIS, 414 personas obtuvieron subsidios no reembolsables (platas regaladas) por $98.038 millones, en tanto 73.560 recibieron la misma suma ($97.799 millones). Y por Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), a 843 les dieron $96.316 millones, una suma casi igual que la que les tocó 55.302 ($94.594 millones).
En los tres años que lleva AIS (2007-2009), a Coltabaco-Philips Morris le prestaron $29.587 millones. En 2007, cinco ingenios recibieron cinco veces más que los productores del Tolima y dos veces más que los de Caldas y un ingenio acaparó el 40 por ciento del total del Cauca. En Bolívar, dos personas lograron el 73 por ciento de los préstamos. Y tres empresas de Corficolombiana, que controla Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibieron $12 mil millones; dos de ellas, con $6.064 millones, se quedaron con un tercio de los recursos del Meta.
La concentración no empezó con AIS. Según Cega-Uniandes, entre 2002 y 2007, el 1% se apoderó del 71% de los créditos redescontados por Finagro, del 45% del ICR y del 45% del Fondo de Garantías. Además, el 33% del ICR (89.900 millones de pesos de 2006) fue para palma.
Arias y Fernández exageraron lo que por AIS les llegó a los “pequeños y medianos productores”, pero silenciaron que a los “medianos” los definen como los que poseen activos entre $50 y $5 mil millones, rango que disfraza a grandes de medianos. Y Arias no puede alegar ignorancia porque el 18 de septiembre de 2007, en la Comisión Quinta del senado, le dije que esa definición era inaceptable. Además, ocultaron que la concentración se agrava por lo relativamente pequeño del programa: unas 100 mil operaciones anuales frente a 2.7 millones de predios en el campo.
- F. Arias desnudó sus concepciones durante el debate de Carimagua, aunque ya en campaña no las volvió a mencionar. En ese entonces decidió que 17 mil hectáreas destinadas a centenares de familias desplazadas se le entregaran a un solo gran inversionista, dijo que a los campesinos que se les daba tierra terminaban de guerrilleros o de paramilitares (Semana, Mar.02.08) y explicó que Colombia debía imitar a Malasia, una monarquía donde la palma se cultiva con peones paupérrimos y en latifundios de decenas y centenares de miles de hectáreas.
Y Álvaro Uribe explicó que quiere en el Vichada haciendas de “40, 45 mil hectáreas”, para convertirlas en zonas francas que puedan traer “toda esa maquinaria sin arancel ni IVA” y con una “tarifa de renta solamente de 15%; no de 33”, sobre las que “pienso –agregó–, la ley de Agro Ingreso Seguro es muy buen paso” (http://oacp.presidencia.gov.co/sner…).
Mención aparte merecen los subsidios para riego y drenaje, en los que el Estado dona el 100% de sus aportes y algunas familias recibieron más de uno, con concentraciones tan escandalosas como que, entre otras, una familia obtuvo $6.895 millones, otra $2.973 millones, una más $2.429 millones y otras cinco $8.210 millones.
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deberán determinar por qué Andrés Felipe Arias decidió un tope de $600 millones por subsidio para riego y no estableció que por predio o por familia, como era obvio, sino por proyecto, pues cualquiera sabe que en una misma finca pueden montarse varios proyectos, al igual que pueden darse en una misma familia. Y también permitió proyectos en tierras en arriendo, como el de la reina que se mencionó tanto. Igualmente deberán establecer por qué proyectos declarados “no viables” por el IICA–OEA se volvieron “viables”, cuando ninguna norma autorizaba esa pirueta. Y tendrán que aclarar por qué se escogió a dedo al IICA–OEA para la selección inicial de los agraciados, con el agravante de que por ser un organismo internacional es imposible o muy difícil que las autoridades lo investiguen. ¿Recuerdan el Convenio Andrés Bello?
Todo en medio del desastre que ilustran cafeteros, arroceros, paneleros y ganaderos: el 65% de los habitantes rurales vive en la pobreza y el 33% en la indigencia; entre 2002 y 2008 el agro creció menos que el conjunto de la economía y se desplazaron 2.14 millones de colombianos; el área cultivada y las exportaciones están estancadas; la concentración de la tierra es de las peores del mundo; hay subutilizadas nueve millones de hectáreas con vocación agrícola; y las importaciones pasaron de 6.33 millones de toneladas a 9.8 millones durante los gobiernos de Álvaro Uribe. ¡Esto es lo que quieren reelegir!
El nombre del programa, Agro, ingreso seguro, se calculó para estimular la fábula de que así se podría enfrentar el TLC con Estados Unidos, cuando solo alcanzaba para aceitar el clientelismo gremial y político. ¡¿400 millones de dólares en subsidios temporales para enfrentar los 50 mil millones de subsidios que los gringos dejarán permanentes?! La verdad es que lo que impera en el sector es lo escaso e inseguro del ingreso, salvo para muy pocos y, en especial, para los 56 que financiaron con $727 millones las campañas de Álvaro Uribe y el referendo reeleccionista y recibieron recursos de AIS por $62.146 millones. ¡La mejor de las pirámides!
Tan mala como la distribución de la plata fue la histriónica defensa de Fernández. Además de enredar las cifras, disculpó que recursos de AIS les llegaran a narcotraficantes porque, según él, en gobiernos anteriores ya había ocurrido, a la par que se ufanó porque, dijo, eran pocos los casos de corrupción (como a Rosita Alvires: que “de tres tiros que le dieron solo uno era de muerte”). Si bien Fernández y Arias no recibieron el castigo que merecían en la moción de censura, ello se debió a que el presidente Uribe logró que cuarenta senadores uribistas no votaran con objetividad. Pero es sabido que la opinión pública sí los condenó. Y gallina que pierde las plumas no hay cómo volvérselas a poner.
